El Estado laico y el ciudadano religioso

 

La separación entre Iglesia y Estado en un principio estructural de los Estados de Occidente, los cuales cada vez más se pronuncian en favor de modelos de democracia participativa y política social inclusiva. Si se quiere que todos tengan voz en la toma de decisiones y que el desarrollo de la sociedad no deje a nadie atrás, es necesario desligar al Estado de la identificación con una sola confesión de fe. Un Estado que permite sólo la expresión religiosa o que favorece una cosmovisión sacra por encima de las demás no puede ser del todo participativo e inclusivo. Es decir, el Estado secular o laico promete maximizar la libertad de consciencia de todos los integrantes de la sociedad.

Una vez decidido que el Estado no debe tomar partido en asuntos confesionales, el reto pasa a ser cómo tratar al ciudadano religioso. El Estado laico puede, en su celo por no promover lo religioso, atentar contra la libertad de aquellos para quienes la religión es un elemento constitutivo. Hay cosas que quedan claras. Si el ciudadano religioso desea elevar plegarias a Dios en su casa, el Estado no debe impedírselo; hacerlo sería una violación al derecho de manifestar una creencia en privado. A su vez, si el ciudadano religioso desea asesinar a cuchillazos a otro como señal de devoción a Dios, el Estado debe prohibírselo; no hacerlo sería faltar al orden público y permitir la violación de un derecho humano tan básico como el de la vida. Existe, no obstante, una zona entre estos dos extremos, y es allí donde se están peleando batallas importantes en este momento. Por dar un ejemplo ya bastante trillado: ¿qué pasa si una mujer desea cubrir parcialmente su cabeza con un hiyab al salir en público?

Un Estado que procura no intervenir en asuntos religiosos si bien no promoverá la religión tampoco desalentará las manifestaciones de la religiosidad de ninguno de sus ciudadanos, así sean en público. ¿Por qué? Porque el Estado verdaderamente participativo e inclusivo no limitará la expresión religiosa del ciudadano, así como no limitará otro tipos de expresiones. Es un Estado que tiene presente que el Artículo 18 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos señala que «toda persona» tiene el derecho a «manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». Siempre y cuando esta manifestación —individual o colectiva, pública o privada— de religiosidad no atente contra el orden público, el Estado no tiene por qué tomar medidas ni a favor ni en contra.

Un Estado puede proclamarse secular o laico, pero si busca limitar toda expresión de religiosidad en el espacio público, deja de ser neutral en torno a las creencias de algunos de sus ciudadanos. En el momento en que deja de serlo, la orientación laica se torna hostil. Y un Estado que se muestra hostil hacia las manifestaciones religiosas de algunos de sus ciudadanos, falta a la promesa de maximizar la libertad de consciencia de cada uno de los integrantes de la sociedad.

(Nota: Este texto se publicó originalmente
el 19 de marzo de 2016
en el Facebook de Interreligiosos SUD)
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